Con Información de NSS Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca 1 de junio 2012.- La deuda por la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial al 31 de diciembre del 2010 ascendió a 3 mil 112 millones 950 mil pesos, precisa la Cuenta Pública del Estado del periodo noviembre-diciembre de dicho ejercicio fiscal.
A lo que se suma una deuda directa contraída con la banca comercial, -incluidos los dos créditos contratados por Ulises Ruiz Ortiz dos meses antes de dejar el cargo de gobernador por 250 millones de pesos cada uno-, por 1 mil 433 millones 591 mil pesos. Por lo que la deuda total que dejó la administración de Ruiz Ortiz a los oaxaqueños asciende a 4 mil 546 millones 541 mil pesos. De acuerdo a la cuenta pública, que por cierto aún no ha sido aprobada por los integrantes de la actual LXI Legislatura del estado, es necesario llevar a cabo un mecanismo contable que permita refleja de manera clara las obligaciones derivadas de la bursatilización, toda vez que ésta no constituye deuda pública para el estado, según los ex funcionarios ulisistas aunque los oaxaqueños tendrán que pagar la misma con los impuestos sobre nóminas, tenencia de automóviles y otros. Añade que por ello se crearon dentro del rubro de Cuentas de Orden, las cuentas "Recursos transferidos por derechos e impuestos por emisión de valores" y "Obligación de transferencia de ingresos por derechos e impuestos por emisión de valores que no constituyen pasivo directo ni deuda pública". Las cuales al 31 de diciembre de 2010 reflejan un saldo de 3 mil 112 millones 950 mil pesos, que corresponde al saldo actualizado de la primera emisión colocada, al valor de las unidades de inversión en esa fecha, según precisa la Cuenta Pública del Estado del periodo noviembre-diciembre de dicho ejercicio fiscal. Agrega que para efectos de registro y control de los recursos que son transferidos al fideicomiso emisor en cumplimiento al contrato respectivo y demás documentación legal, se aperturaron cuentas de orden que permitan obtener el monto acumulado transferido por el gobierno del estado al fideicomiso emisor.
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