El funcionario de la Sedatu junto con autoridades municipales y funcionarios federales, se habrían adjudicado los fondos públicos

Leonel Martínez Sánchez,mediante trampas legales elaboradas por despachos jurídicos y creando empresas constructoras “fantasmas” y organizaciones sociales apócrifas.
Oaxaca, Oax.- La Secretaría de la Función Pública del gobierno federal y la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental del estado, iniciaron un proceso de investigación contra Leonel Martínez Sánchez, Coordinador del Programa de Vivienda Rural de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), por el presunto desvío de 200 millones de pesos.
De acuerdo con la queja, el implicado junto con autoridades municipales y funcionarios federales, se adjudicaron los fondos públicos mediante trampas legales elaboradas por despachos jurídicos y creando empresas constructoras “fantasmas” y organizaciones sociales apócrifas.
La delegada de la Sedatu, Sofía Castro, advirtió que son cientos de familias las defraudadas por el funcionario, quienes ya están declarando ante un agente del Ministerio Público Federal dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de fraude.
Dijo que para adjudicarse los recursos, Martínez Sánchez se confabuló con funcionarios estatales, como Rubén Calleja y el propio delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jorge Toledo, quienes también son investigados, además del alcalde de Santa Catarina Yosonotu.
Afirmó que entre los indicios del presunto mega fraude se detectó que el Coordinador de Vivienda de la Sedatu, constituyó la denominada Alianza de Campesinos, a la par que utilizó fondos públicos para crear constructoras con los que se adjudicó las licitaciones y las obras de construcción.
“Hemos realizado diversas auditorías y se ha detectado que los fondos están aplicados en su totalidad, pero las obras realizadas están inconclusas”.
De la misma forma, indicó que se ha detectado que se realizaron cobros indebidos de hasta 21 mil pesos a cientos de beneficiarios que fueron timados con falsos compromisos de entrega de casa.
La delegada de la Sedatu, reveló que para evitar ser requerido por la justicia, el funcionario federal implicado – hoy prófugo de la justicia- montó un escenario de confusión, tomando las oficinas de las dependencias, para tener la oportunidad de saquear expedientes y huir.
Dijo que por ello también se ha presentado una denuncia por sabotaje y sustracción indebida de documentos oficiales.
Oscar Rodríguez/Agenciajm.com.mx