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México, 20 de marzo.- Con el propósito de defender sus comunidades de la delincuencia organizada o evitar la explotación de sus recursos naturales, el fenómeno de los grupos armados conformados por civiles parece ir en aumento y al día de hoy se pueden encontrar estas policías comunitarias en 68 municipios del país, lo cual comprende 13 estados.
En Sonora, los Seris se organizaron para defender su territorio en Punta Chueca, a unos 150 kilómetros de Hermosillo.
En Chiapas, los indígenas se han levantado para exigir el cierre de minas operadas por canadienses, así como evitar la extracción inmoderada de agua.
En Michoacán, los comuneros de Cherán enfrentan al crimen organizado, mientras que en Ostula, en el municipio de Aquila, los campesinos se encuentran en conflicto por una diputa de tierras, lo cual ha dado como resultado el asesinato de 27 activistas y la desaparición de otros cinco. En el mismo estado, en Buena Vista Tomatlán, el grupo armado surgido el 24 de febrero se caracteriza por el uso de armamento exclusivo del Ejército.
En Chihuahua, en los municipios de Ascención y Galeana, las comunidades menonitas y mormones se armaron para hacer frente a los secuestros, asesinatos de los miembros de sus familias y extorsiones por parte del crimen organizado. También en la capital del estado se establecieron guardias civiles, aunque la policía local sí intervino para su disolución.
En el Estado de México, al menos tres municipios -Amatepec, Tlatlaya y Tejupilco- iniciaron guardias de vecinos comandadas por el Frente Francisco Villa para detener las acciones de la Familia Michoacana, varios de sus dirigentes fueron secuestrados el 15 de febrero.
En Guerreo es donde se concentra el mayor número de estos grupos ya que se pueden encontrar en las comunidades de Costa Chica, la Montaña, Ayutla, Tixtla, San Luis Acatlán y en la Zona centro del estado para un total de 15 municipios “resguardados” por policías comunitarias.
Cabe señalar que a diferencia del resto de los grupos armados, la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán de Guerrero se ciñe a los artículos constitucionales 2 y 39 y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece que a los detenidos no se les sentencia con un un tiempo en cárcel -como se estila en el sistema judicial tradicional- sino que los daños ocasionados por el delito son resarcidos con trabajo comunitario por parte del infractor.
Celestino Hernández López, ex policía municipal de la organizacion (mosum) fue sentenciado a 32 años de prisión y al pago de la reparación del daño por la cantidad de 134 mil 379 pesos, luego de asesinar el 17 de septiembre del 2011 a Fernando Hernández Rojas, quien era presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en San Juan Mixtepec, En una de las salas del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral de Huajuapan de León, se efectuó la lectura de sentencia, dentro de la causa penal contra Celestino Hernández López, ex policía municipal de San Juan Mixtepec, por el delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja y alevosía, cometido en agravio del líder priista Fernando Hernández Rojas.