Víctor Leonel Juan Martínez
Jueves, 10 de Febrero de 2011 12:25
Que el IEE violentó la ley y conculca derechos ciudadanos, no es sólo la opinión de analistas, partidos y actores políticos o ciudadanos agraviados por sus decisiones.
Es también lo que autoridades judiciales han encontrado como constante en la actuación del órgano electoral. Lo mismo la FEPADE y el TRIFE han documentado y emitido resoluciones que prueban que los consejeros electorales cometieron un sinnúmero de irregularidades.
1. Se ha acreditado el cuerpo del delito “contra la legitimidad de las elecciones mediante la alteración de los resultados en agravio de la sociedad”, consideró el Juez Segundo de lo Penal al dictar auto de formal prisión contra dos miembros del Consejo Municipal Electoral de Tlacolula, por su probable responsabilidad en el hecho.
Si recordamos ahí los consejeros regalaron dos regidurías a priistas que no participaron en las elecciones, pues no estaban registrados (ver: IEE, ¿la última y nos vamos? NOTICIAS 30/12/10). Además, dieron una regiduría plurinominal adicional.
De acuerdo con un oficio del propio IEE, a Tlacolula le corresponden siete regidores: cinco de mayoría y dos de representación proporcional. Actualmente tiene diez: siete del PRI (entre ellos los dos ilegítimos); y tres plurinominales (un tercero ilegal, pues no le corresponde).
Desafortunadamente el hilo se rompe por lo más delgado. En su declaración ministerial, Ángela Irene González, la consejera presidenta, señaló que sólo acató órdenes superiores, involucra al director de organización del IEE, Jonás González; el otro consejero, Alberto Sánchez, manifiesta que desconocía cómo aparecieron esos nombres, él sólo firmó el acta (Expediente 182/2010). Es obvio que no actuaron de motu propio; alguien les dictó los nombres que ahí aparecieron.
Ahora mismo, ¿por qué ni el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), ni los partidos políticos, ni los diputados, ni las autoridades municipales y estatales, han tomado medidas para revocar los nombramientos irregulares?; ¿por qué permiten la actuación de regidores espurios, que incluso firman y reciben documentos oficiales?, Hay oficios, informes y demás, suscritos por los regidores ilegales y, otros tantos escritos que les envían autoridades estatales (de los cuales tenemos copias).
Además, el artículo 83 del código electoral dice que el Consejo Electoral del IEE es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia electoral; y los consejos distritales y municipales les remiten toda la documentación electoral.
Por si fuera poco, el cómputo municipal, justo la sesión en que se regalaron esas dos regidurías, se realizó en las oficinas centrales del IEE en la capital estatal, pues “no había condiciones para hacerlas en Tlacolula”.
2. “Durante la preparación del proceso electoral en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, se adoptaron diversas medidas (con acuerdo del IEE) tendientes a su organización que contravienen los principios rectores de las actividades propias del IEE”; “la elección de los concejales del municipio de San Juan Mixtepec, no se llevó a cabo bajo un método democrático, (…) y se generó incertidumbre a la elección, ante la deficiente actuación del Consejo Electoral Municipal”.
“Lo anterior es suficiente para que esta Sala Regional tenga por acreditado que ante dichas irregularidades, el Consejo General del IEE de Oaxaca indebidamente validó la elección”.
Los párrafos anteriores son parte de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) para el caso de San Juan Mixtepec.
De una revisión rápida de las más de diez sentencias que ha dictado la Sala de Xalapa, hay una constante: que el órgano electoral oaxaqueño, violentó sus propios principios rectores y, por ende, la ley.
3. Tlacolula muestra como el IEE viola la legislación en un municipio de partidos políticos, en San Pedro Ixtlahuaca, se muestra cómo lo hace en uno de usos y costumbres. Como documentó Isidoro Yescas (Noticias 05/01/11.
El desacato del IEE), el Tribunal Estatal Electoral anuló esa elección y dictaminó: “Se ordena al citado Consejo General que en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días disponga las medidas necesarias, suficientes y que resulten razonables para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno del municipio de San Pedro Ixtlahuaca y lleve a cabo la elección extraordinaria de concejales en el municipio referido…”
Pues bien, en un abierto desacato a una resolución del TEE, los consejeros resolvieron “ratificar en todos los sentidos” su acuerdo del 22 de noviembre, en el que habían calificado de válida la elección.
Esto es, hicieron caso omiso de un dictamen que, de acuerdo con la ley tiene que cumplirse; en su caso, la única vía es solicitar su revisión por el TRIFE.
Finalmente el pasado 29 de enero, el nuevo Tribunal Estatal Electoral anuló esa elección.
4. Los resultados de las elecciones constituyen una información pública. Pues bien, desde el mes de julio por diversas vías se había solicitado al IEE los datos de los comicios a gobernador, desglosados por municipios.
Sistemáticamente se negaron a dar esa información. Ante la solicitud vía la Ley de Transparencia que hiciera una ciudadana, el IEE mantuvo su postura; ante un recurso presentado ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), no se dignó siquiera contestar, menos a enviar un informe, como lo marca la ley.
El 27 de enero el IEAIP resolvió que es fundada la solicitud y el recurso interpuestos y ordena al IEE que en un plazo de 10 días hábiles entregue la información requerida.
Información que deben entregar en esta semana, a menos que los consejeros electorales deseen aumentar una prueba más al juicio político que ya se exige contra ellos.
Aunque eso de la opacidad es contagiosa. Se esperaba que los nuevos magistrados del TEE al menos fueran más transparentes.
Al solicitar copia de la resolución del caso de San Pedro Ixtlahuaca se han negado a otorgarla, pese a que las sentencias del tribunal son públicas por ley; el TRIFE publica inmediatamente sus resoluciones en su página en Internet; ¿Qué esconderán los nuevos magistrados del TEE?
5. Los ejemplos anteriores marcan que no hay “descuidos” en la actuación del IEE, sino una sistemática violación de la ley; y una actuación dolosa para aumentar la conflictividad municipal.
Además no son filtraciones de grabaciones telefónicas o mensajes de celular enviados erróneamente, como también se han hecho público el actuar tendencioso de los consejeros; en estos casos son resoluciones de autoridades jurisdiccionales y administrativas.
Por eso, del tema electoral y otros más es que debe debatirse con profundidad, ahora que se ha presentado una propuesta del Ejecutivo para hacer reformas que sienten las bases de un Oaxaca democrático. Pero también, es menester sancionar estas acciones ilícitas.
De un debate serio, plural y con principios democráticos; y de la aplicación de la ley, se vislumbrará si Oaxaca se encamina realmente a la democracia o, como otras veces, es un espejismo más.
